martes, 12 noviembre 2019, 03:39
Martes, 05 Noviembre 2019 19:37

Defensa de Lula denuncia violencia jurídica de la Lava Jato en Brasil

Escrito por  Prensa Latina
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La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció hoy las graves violaciones jurídicas que comete la operación anticorrupción Lava Jato para intimidar a los abogados.


La defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien cumple prisión política desde abril de 2018, denunció hoy las graves violaciones jurídicas que comete la operación anticorrupción Lava Jato para intimidar a los abogados.

'La violencia también está relacionada con la clara tentativa de la Lava Jato de Curitiba (sureña ciudad) de intimidar a los abogados de nuestra firma', alertan en una nota los juristas Cristiano Zanin y Valeska Texeira, quienes forman parte de la defensa del exdirigente obrero.

Indican que 'la Vaza Jato (revelaciones) muestra otro capítulo de graves violaciones de las prerrogativas de los abogados'.

Precisan que resulta sorprendente el desprecio que el exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, y los miembros del grupo de trabajo de la Lava Jato de Curitiba mantuvieron en relación con las prerrogativas de los abogados.

En particular, apuntan, 'el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado y el debido proceso legal'.

Citan al informe publicado este martes por el diario Folha de Sao Paulo, en asociación con el portal Intercept, en el cual se muestra una vez más que durante una importante fase de la defensa a favor de Lula ante el Supremo Tribunal Federal en 2016, las conversaciones entre los abogados y el expresidente fueron escuchadas en tiempo real por la Policía Federal, Moro y los fiscales de la Lava Jato.

Lo anterior, agregan, para 'anticiparse a nuestras estrategias legales y pudiese mantenerse ilegalmente el proceso en Curitiba. También para aniquilar el derecho a la defensa de nuestro protegido'.

Zanin y Texeira insisten en que tales graves violaciones fueron denunciadas en 2016 ante los órganos brasileños competentes y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las cuales están pendientes de análisis.


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